Observatorio Latinoamericano de Geopolítica

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Geopolítica de la Amazonia

Fecha de publicación: 10 octubre, 2012

Fue Lenin quien señaló que todo proceso revolucionario verdadero engendra una contrarrevolución aún mayor. Eso significa que toda revolución necesita avanzar para consolidarse, pero al hacerlo levanta fuerzas opositoras a su avance que ponen en jaque la propia revolución, la cual para defenderse y consolidarse deberá a su vez
avanzar más, despertando aun mayores reacciones de las fuerzas conservadoras, y así de manera indefinida. En Bolivia, en los últimos 12 años, hemos vivido un ascendente proceso revolucionario que, emergente desde la sociedad civil organizada como movimiento social, ha afectado y atravesado la propia estructura estatal, modificando la misma naturaleza de la sociedad civil.

Se trata de una revolución política-cultural y económica. Política, porque ha revolucionado la naturaleza social del Estado al haber consagrado los derechos de los pueblos indígenas y la conducción de esos derechos desde la propia ocupación de la administración estatal por ellos (los indígenas). Estamos hablando de un hecho de soberanía social que ha permitido la conversión de la mayoría demográfica indígena en mayoría política estatal; una modificación de la naturaleza social-clasista del mando y hegemonía estatal. De hecho, esa es la transformación más importante y significativa en el país desde su nacimiento, caracterizado hasta hace poco por la exclusión de la ciudadanía indígena en absolutamente todas las estructuras de la toma de decisiones del Estado. Pero además, es una revolución política-cultural radical, porque esta impronta indígena en la toma de decisiones públicas como poder de Estado ha venido Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista de la mano de movimientos sociales y modos organizativos de carácter sindical, comunal y plebeyo del mundo indígena-popular. Es decir, la presencia del mundo indígena-popular en la conducción del Estado desde el año 2006, se ha materializado no como una simple ocupación individual de representantes indígenas y populares en su interior, sino como una transformación orgánica de la propia institucionalidad estatal mediante la presencia de estructuras organizativas del mundo indígena-popular en la trama decisional y deliberativa del Estado. Así como en los últimos 100 años el mundo popular construyó la ciudadanía de derechos a través del sindicato (y por eso hablábamos antes de una ciudadanía sindical); ahora la toma del poder estatal por los movimientos sociales es una toma sindical del poder del Estado. Es por ello que hoy la elección de autoridades de los Órganos Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los hechos, pasa fundamentalmente por procesos de deliberación de las estructuras asambleísticas de los sindicatos agrarios, de las comunidades rurales y organizaciones gremiales, populares y vecinales de la sociedad.

Última modificación: 29 de noviembre de 2012 a las 15:51
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